Resumen: La STS aborda la impugnación del real decreto por el que se nombra Fiscal General del Estado. En primer lugar, la sentencia sitúa el marco jurídico de esta figura formado, en esencia, por la Constitución, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se recuerda que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (artículo 124.4 de la CE), siendo elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión del artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. A efectos procedimentales se afirma que, recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. (art. 29.2) Nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo (art.29.3). En segundo y último lugar, la sentencia declara la falta de la legitimación activa de los partidos políticos, para impugnar cualquier actuación de las distintas Administraciones Públicas, o de los Gobiernos sin que suponga crear zona de impunidad.
Resumen: El FOGASA pueda ejercitar el derecho de opción con efectos plenos en aquellos casos en los que concurran, en primer lugar, que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; en segundo, que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil realización la readmisión; en tercero, que se trate de un supuesto en el que el titular de la opción fuere el empresario, pues no se puede sustituir el derecho de opción de quien no lo tiene; y, en cuarto lugar, que el FOGASA haya comparecido en el procedimiento en el momento de efectuar la opción.
Resumen: 1) La desigualdad con relevancia constitucional viene determinada por la introducción de diferencias carentes de una justificación objetiva y razonable entre situaciones que pueden considerarse iguales, y 2) para que la diferenciación sea constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido "superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos".Los trabajadores contratados temporales y con duración determinada tendrán los mismos derechos de los trabajadores con contrato de duración indefinida con las excepciones derivadas de: a) las singularidades específicas de cada una de las modalidades de contratación en materia de extinción; y b) las previstas en la ley en relación a contratos formativos o de inserción
